Sesión No. 12 de la Cátedra Carlos Restrepo Piedrahita

En el marco de la Cátedra Carlos Restrepo Piedrahíta, el 2 de septiembre se llevó a cabo la sesión titulada “Acceso a la justicia y políticas públicas: ¿Cuáles son las estrategias estatales para garantizar el acceso a la administración de justicia en Colombia?”, a cargo del Dr. Jorge Iván Cuervo Restrepo, docente investigador de la Facultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales.

La conferencia giró en torno a un interrogante central: ¿qué estrategias plantea el Gobierno para garantizar el acceso a la administración de justicia? Donde el profesor Cuervo Restrepo señaló que este derecho no se limita a la tutela judicial ejercida por la Rama Judicial, sino que incluye también mecanismos administrativos, comunitarios y ancestrales que contribuyen a la protección efectiva de los derechos.

Durante su intervención, destacó que las políticas públicas de acceso a la justicia constituyen un conjunto de decisiones y acciones estatales orientadas a materializar el contenido prestacional de este derecho, asegurando un trato digno, imparcial y libre de discriminación. Dichas políticas, explicó, deben enfocarse en remover las barreras económicas, geográficas e institucionales que dificultan el acceso de la ciudadanía, en especial de las personas en situación de vulnerabilidad.

El análisis incluyó un repaso de las principales apuestas del Plan Nacional de Desarrollo (PND) y del Plan Sectorial de Justicia, entre las que se encuentran: el fortalecimiento de las comisarías de familia, la justicia comunitaria, ambiental e indígena; la implementación de la justicia digital; y la renovación de la arquitectura institucional del sistema de justicia, con el propósito de consolidarlo como un ecosistema descentralizado y eficiente.

Asimismo, se resaltó la importancia de las encuestas de necesidades jurídicas como herramienta para comprender los problemas justiciables de la población y diseñar soluciones más efectivas. Sin embargo, se advirtió que la congestión judicial continúa siendo un obstáculo estructural para garantizar decisiones oportunas y eficaces.

En el espacio de preguntas, el público expresó inquietudes sobre la congestión en la acción de tutela, los desafíos de la justicia digital, la eficacia en el cumplimiento de los fallos y la pertinencia de los indicadores utilizados para medir el acceso a la justicia.

La sesión concluyó reafirmando que persiste una brecha significativa entre las necesidades jurídicas de la ciudadanía y la respuesta institucional, particularmente en las zonas rurales. También se evidenció la relación directa entre pobreza y acceso a la justicia, donde los sectores más vulnerables enfrentan mayores barreras y obtienen resultados menos efectivos. Finalmente, se subrayó que el aumento de la oferta judicial, por sí solo, no resuelve los problemas de acceso, a menos que vaya acompañado de una revisión estructural de las necesidades jurídicas y de la capacidad institucional del sistema.