Sesión No. 18 de la Cátedra Carlos Restrepo Piedrahita

El Departamento de Derecho Constitucional de la Universidad Externado de Colombia llevó a cabo la sesión No. 18 de la Cátedra Carlos Restrepo Piedrahita, titulada. “Funciones jurisdiccionales y administrativas de las superintendencias: balance y desafíos”.

El encuentro contó con la participación de los docentes Héctor Riveros Serrato del Departamento de Derecho Constitucional y Carlos Iván Moreno Machado del Departamento de Derecho Procesal, quienes analizaron los alcances y tensiones que surgen cuando las superintendencias ejercen funciones administrativas y jurisdiccionales dentro del marco constitucional colombiano.

En esta oportunidad, la sesión se centró en reflexionar sobre los límites de la intervención estatal, la protección de la autonomía privada y la necesidad de fortalecer la independencia e imparcialidad de las autoridades administrativas que ejercen estas competencias.

El profesor Héctor Riveros inició su intervención abordando la naturaleza de las funciones de inspección, vigilancia y control (IVC), y destacó la ausencia de una delimitación constitucional clara. A su juicio, esta ambigüedad puede afectar derechos fundamentales y abrir la puerta a su uso con fines políticos o coyunturales.

En esa línea, el docente advirtió que la dependencia jerárquica de las superintendencias frente al Poder Ejecutivo compromete su imparcialidad. Casos recientes —como las actuaciones de la Superintendencia de Salud y la de Industria y Comercio— evidencian las tensiones entre la independencia técnica de estas entidades y la orientación política de sus decisiones.

De igual modo, subrayó que medidas de alta intensidad, como la toma de posesión de empresas privadas, deben analizarse a la luz del derecho de propiedad y de los principios constitucionales que regulan la intervención del Estado en la economía.

Por su parte, el profesor Carlos Iván Moreno Machado profundizó en los problemas estructurales que enfrenta el ejercicio de funciones jurisdiccionales por parte de las superintendencias. Entre ellos, mencionó la falta de independencia del personal, la ausencia de inmediación procesal y las limitaciones competenciales que impiden garantizar una reparación integral al ciudadano.

Asimismo, el Dr. Moreno alertó sobre la vaguedad normativa en la asignación de competencias. Mencionó, como ejemplo, la expresión “conflictos societarios” atribuida a la Superintendencia de Sociedades, objeto de análisis en la Sentencia C-318 de 2023. En esa decisión, la Corte Constitucional precisó que toda atribución jurisdiccional a autoridades administrativas debe ser expresa y delimitada, a fin de salvaguardar el principio de separación de poderes.

En cuanto a las posibles soluciones, el ponente propuso la creación de jueces especializados en materias técnicas, seleccionados por concurso de méritos y con competencia universal. Esta medida, a su juicio, permitiría preservar la especialidad de las superintendencias y fortalecer la independencia judicial.

Durante el espacio de preguntas, la moderadora y el público abordaron temas como las garantías del debido proceso, la viabilidad de una jurisdicción especial para estos asuntos y los efectos de la burocracia administrativa en el acceso a la justicia.

De las intervenciones y el debate se concluyó que las funciones de inspección, vigilancia y control carecen de límites constitucionales precisos y requieren una revisión que asegure el equilibrio entre la potestad estatal y la autonomía privada. Del mismo modo, se subrayó que las funciones jurisdiccionales de las superintendencias deben reformarse para conservar su especialidad técnica, garantizar independencia funcional y asegurar decisiones coherentes con los principios de imparcialidad y seguridad jurídica.

En síntesis, el encuentro puso de relieve la necesidad de redefinir el papel constitucional de las superintendencias, estableciendo límites claros a sus potestades y fortaleciendo los mecanismos que garanticen independencia y transparencia en su actuación. La reflexión académica de esta sesión reafirmó la importancia de consolidar un modelo de control y justicia administrativa coherente con los principios de legalidad, imparcialidad y proporcionalidad que sustentan el Estado social de derecho.