Sesión No. 10 de la Cátedra Carlos Restrepo Piedrahita

En el marco de la décima Cátedra Carlos Restrepo Piedrahita la Dra. Jhoana Alexandra Delgado Gaitán, exviceministra de Justicia y Derecho, directora del Doctorado en Derecho y profesora de esta Casa de Estudios, presentó una ponencia dedicada a los antecedentes, avances y desafíos de la jurisdicción agraria y rural en Colombia.

Durante su intervención, la profesora Delgado señaló que, aunque hoy esta jurisdicción se presenta como una novedad, sus raíces históricas se remontan a la Ley 200 de 1936, que ya había planteado la necesidad de jueces especializados en asuntos de tierras. No obstante, la falta de voluntad política y de una institucionalidad sólida impidieron su consolidación en el ordenamiento jurídico, perpetuando desigualdades en el acceso a la tierra que aún persisten.

La exposición recorrió los principales hitos normativos que han buscado transformar la realidad del campo colombiano, entre ellos la Ley 135 de 1961, la Ley 1 de 1968, el Proyecto de Acto Legislativo 03 de 2022, el Acto Legislativo 03 de 2023 y el Decreto 902 de 2017. Estos desarrollos, enmarcados también en el Acuerdo Final de Paz, han intentado sentar las bases para una reforma rural integral, aunque sus avances han sido fragmentados y limitados frente a las necesidades de las comunidades campesinas.

La Dra. Delgado destacó que la Ley Estatutaria de la Jurisdicción Agraria y Rural constituye un paso decisivo, al definir la estructura de los juzgados rurales y permitir que los jueces puedan desplazarse directamente a los territorios, garantizando inmediación procesal y decisiones ajustadas a la realidad del campo. Asimismo, resaltó la figura del facilitador agrario, concebido como un apoyo clave para superar las barreras de acceso a la justicia.

En el espacio de preguntas del público se abordaron asuntos como la transformación del rol del juez en este nuevo modelo, las normas sustantivas y procesales que regirán sus decisiones, los territorios priorizados para la implementación, la articulación entre comunidades étnicas y campesinas, así como el alcance del precedente judicial aplicable.

Como conclusión, la exviceministra subrayó que la jurisdicción agraria y rural responde a una deuda histórica con el campesinado colombiano, pues busca garantizar un acceso efectivo a la justicia y a la tierra. Sin embargo, advirtió que la falta de apoyos políticos y de voluntad gubernamental ha retrasado su puesta en marcha plena, lo que mantiene vigentes las causas estructurales de desigualdad y violencia en el país.

“La creación de esta jurisdicción representa un cambio real en la forma de acercar la justicia a los territorios y en el reconocimiento del campesinado como sujeto colectivo de derechos”, afirmó la Dra. Delgado al cierre de su intervención.