Sesión No. 15 de la Cátedra Carlos Restrepo Piedrahita

El pasado 23 de septiembre de 2025 se llevó a cabo una nueva sesión de la Cátedra Carlos Restrepo Piedrahita titulada “La probidad en el ejercicio de la abogacía: ¿Abogados con o sin reglas?”. La jornada estuvo a cargo de María Adelaida Caballos Bedoya, profesora de la Universidad de los Andes, y Mauricio García Villegas, investigador y cofundador de Dejusticia.

Ambos ponentes compartieron las conclusiones de sus investigaciones Abogados sin Reglas y La Profesión Jurídica en Colombia. Estos estudios analizan el ejercicio de la profesión en el país, la enseñanza de la ética profesional y la debilidad de las instituciones jurídicas. Al mismo tiempo, plantean la necesidad de repensar el exceso de regulación y sus efectos en el ámbito ético.

La discusión partió de la idea de John Henry Merryman, quien señalaba que la educación jurídica es una ventana privilegiada para comprender el sistema de justicia. Desde esta perspectiva, se compararon los modelos de formación de Alemania, Estados Unidos y Colombia, cada uno entendido como un tipo ideal de educación jurídica.

En el modelo alemán predomina la intervención estatal. De las 44 facultades existentes, 42 son públicas y ofrecen una educación gratuita y de alta calidad. El sistema se articula con exámenes estatales muy exigentes y prácticas profesionales remuneradas. El juez se configura como el profesional de referencia, con una visión pública y orientada al interés general.

En contraste, el modelo estadounidense está regulado por la American Bar Association, una entidad privada que acredita la calidad de las facultades de derecho. La educación es costosa y genera deudas que obligan a los egresados a priorizar empleos en el sector privado. El examen de la Bar, que solo aprueba alrededor del 40 % de quienes lo presentan, se convierte en la puerta de acceso a la profesión. En este contexto, la figura del litigante es la predominante.

El caso colombiano refleja un modelo mercantil, con una regulación mínima y 220 facultades de derecho, de las cuales el 81 % son privadas. Aunque existen programas de calidad en el sector público, los cupos son limitados. Además, la mayoría de los estudiantes asisten a programas sin acreditación. La formación se centra en el litigante, pero con un enfoque más formalista y teórico que práctico.

Los investigadores insistieron en que el país requiere cambios estructurales. Señalaron la necesidad de reforzar la ética pública y los valores democráticos, garantizar una supervisión más estricta sobre las facultades, mejorar los filtros de ingreso a la profesión y ampliar la oferta de educación pública de calidad. Estas medidas, afirmaron, contribuirían a recuperar la confianza en la abogacía y en las instituciones jurídicas.

El diálogo con el público abrió nuevas preguntas. Se discutió el perfil de jueces con una dimensión política o de elección democrática, el sentido ético de la abogacía, la pertinencia del modelo del Externado, la compatibilidad del sistema alemán con jueces en cargos administrativos, el momento oportuno para enseñar derecho disciplinario y los cambios necesarios para que más mujeres ocupen posiciones de liderazgo en las instituciones jurídicas.

En la parte final, los ponentes subrayaron que la comparación de modelos no busca recomendar la adopción de uno en particular, sino identificar oportunidades de mejora. En Colombia, las dificultades comienzan desde el ingreso a la facultad, continúan con el grado y el examen de idoneidad, y se extienden hasta la inserción laboral. El objetivo es construir un sistema más sólido y ético, capaz de responder a las necesidades del país.