31 de octubre de 2025
Sesión No. 16 de la Cátedra Carlos Restrepo Piedrahita
El pasado 28 de octubre de 2025 se realizó una nueva sesión de la Cátedra Carlos Restrepo Piedrahita, titulada “La administración de justicia en el derecho penal y sancionatorio: problemas y desafíos”.
El encuentro contó con la participación del Dr. Yesid Reyes Alvarado, director del Departamento de Derecho Penal y Criminología y exministro de Justicia y del Derecho de Colombia, quien abordó los vínculos entre el Derecho Penal y el Derecho Constitucional, así como los principales problemas estructurales del sistema penal colombiano.
El Dr. Reyes explicó que el Derecho Penal no se “constitucionaliza”, pues su origen mismo está ligado a la protección de los derechos fundamentales y al control del poder estatal. En este sentido, la dogmática penal —entendida como teoría del delito— nació como una herramienta para limitar los abusos del poder punitivo y garantizar el respeto por la libertad y la dignidad humana. Esta relación convierte al Derecho Penal en un mecanismo de control constitucional.
A partir de un análisis de cifras recientes de la Corporación Excelencia en la Justicia, el ponente expuso la congestión estructural del sistema penal colombiano, causada no solo por el volumen de casos, sino por deficiencias de diseño institucional y operativas. Destacó que la Fiscalía General de la Nación recibe cerca de 1,6 millones de denuncias al año, de las cuales casi la mitad permanecen inactivas, generando un aumento constante del inventario de procesos.
Asimismo, señaló que el tan mencionado 96 % de impunidad es una interpretación inexacta, pues incluye cierres legítimos de casos por inexistencia del hecho o atipicidad de la conducta. Una vez depuradas las cifras, la impunidad real ronda el 39 %, lo que evidencia la necesidad de una reforma integral del sistema.
Entre sus propuestas, el Dr. Reyes planteó la diferenciación de procedimientos según la gravedad del delito, el control del ingreso de denuncias, el fortalecimiento del sistema penitenciario y el impulso a programas de resocialización y reintegración laboral, como el exitoso proyecto Casa Libertad, que redujo la reincidencia a menos del 1 %.
Durante el espacio de preguntas, se discutieron temas como las nuevas formas de detención preventiva, la interacción entre jueces penales y constitucionales, la protección de los derechos de las personas privadas de la libertad y el papel de la inteligencia artificial en la administración de justicia.
La sesión concluyó resaltando que la conexión entre el Derecho Penal y el Derecho Constitucional es esencial y que la dogmática penal debe entenderse como un instrumento de control frente al poder punitivo del Estado. Finalmente, se enfatizó que la congestión judicial es un desafío estructural que requiere reformas orientadas a controlar el ingreso de casos, fortalecer la efectividad de la pena y garantizar un sistema más eficiente y justo.
